España promete bloquear la agricultura cerca de humedales amenazados

España se ha comprometido a bloquear un plan regional para legalizar la agricultura cerca de uno de los humedales más grandes y ricos en fauna de Europa, donde los suministros de agua se han desplomado debido al cambio climático y la agricultura.

La propuesta de rezonificación de las tierras cercanas al enorme Parque Nacional de Doñana, en la región sur de Andalucía, se produce en medio de una sequía prolongada y ha provocado la ira de Bruselas.

El área es el hogar de muchas especies raras como el lince ibérico y en la ruta de millones de aves migratorias, incluidos flamencos, espátulas e ibis.

"Doñana no se va a tocar, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles", ha advertido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El parlamento de Andalucía votó el miércoles para considerar el plan propuesto por el gobierno conservador del Partido Popular (PP) de la región.

Si se convierte en ley, se declararán irrigables aproximadamente 2000 hectáreas (3700 acres) cerca del parque y sus humedales en peligro de extinción.

Esto otorgaría una amnistía a muchas granjas no autorizadas, principalmente de cultivo de fresas, que han brotado aquí.

Próximamente se realizará una votación final sobre la propuesta, que también cuenta con el respaldo del partido de extrema derecha Vox. Se espera que se apruebe ya que PP y Vox tienen mayoría en el parlamento regional.

El gobierno de Sánchez ha dicho que impugnará la propuesta en los tribunales si se aprueba.

Asentado en un estuario donde el río Guadalquivir se encuentra con el océano Atlántico, el parque atraviesa 100.000 hectáreas de bosques, lagunas, marismas y dunas.

Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publicado la semana pasada señala que el 59 por ciento de las lagunas más grandes del parque no se llenan "desde al menos 2013".

Culpó a los cambios de temperatura y precipitaciones en la zona, así como al "aumento de la cantidad de tierra cultivada".

Los defensores de la propuesta argumentan que ayudará a los agricultores que se quedaron fuera durante una regularización previa de fincas en el área en 2014 bajo un gobierno socialista.

El PP asegura que el plan no perjudicará a los humedales ya que las fincas recién regularizadas solo utilizarán aguas superficiales.

Pero los ambientalistas y el gobierno central no están de acuerdo y dicen que aumentará la presión sobre el acuífero estresado del parque.

"La Junta de Andalucía sabe perfectamente que nunca habrá suficiente agua superficial porque ya está agotada", dijo el domingo la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, al diario El País.

"No podemos quejarnos de que no hay agua, de la sequía, y al mismo tiempo prometer agua que no existe".

Acusó al gobierno de Andalucía de tratar de atraer a los agricultores antes de las elecciones regionales y locales del 28 de mayo y las elecciones generales de fin de año.

El jefe del gobierno regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, acusa a Sánchez de hipocresía y dice que los socialistas no revirtieron el declive de Doñana cuando gobernaron Andalucía durante 36 años hasta 2019.

"Es muy frívolo que Doñana sea defendida por quienes permitieron durante años que se violaran los acuíferos", dijo, y agregó que el plan de su gobierno "pondrá orden en el caos".

El gobierno central de España ha advertido que el país corre el riesgo de ser multado por la Unión Europea si el plan sigue adelante.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2021 por no proteger la reserva natural y amenazó con multas a Madrid si la situación no mejoraba.

"Es un tema que estamos siguiendo de cerca. Estamos en contacto con las autoridades españolas al respecto", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Tim McPhie.

Huelva, la provincia propensa a la sequía donde se encuentra el parque, produce 300.000 toneladas de fresas al año, el 90 por ciento de la producción de España.

Conocido localmente como "oro rojo", el cultivo de fresas emplea hasta 100.000 personas y representa casi el ocho por ciento de la producción económica de Andalucía.