Miles protestan contra el gobierno español en Madrid

Miles de personas protestaron en Madrid el sábado contra el gobierno izquierdista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin celebrado en un año electoral clave que contó con el respaldo del partido de extrema derecha Vox.

Los participantes ondearon banderas españolas rojas y amarillas y pidieron la renuncia de Sánchez. Algunos portaban carteles con una foto del primer ministro socialista llamándolo "traidor".

Alrededor de 30.000 personas se reunieron en la plaza de Cibeles de Madrid para la manifestación, según la delegación del gobierno central en la capital española. Los organizadores dijeron que habían participado unas 700.000 personas.

La protesta fue convocada por decenas de grupos de derecha de la sociedad civil y respaldada por partidos conservadores, incluido el principal opositor conservador Partido Popular (PP) y Vox.

La derecha está enfadada por la decisión del gobierno de abolir el delito de sedición, por el que nueve líderes separatistas fueron condenados por su papel en el fallido intento de secesión de la región de Cataluña en 2017.

Fue reemplazado por un delito que conllevaba una pena de prisión menor.

Los conservadores también están enojados por una ley emblemática contra la violencia sexual que endureció las penas por violación pero alivió las sentencias por otros delitos sexuales.

En declaraciones a los periodistas al inicio de la manifestación, el líder de Vox, Santiago Abascal, denunció "el peor gobierno de la historia" que "ha dividido a los españoles y liberado a violadores y golpistas".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que ha tratado de empujar al partido hacia el centro desde que se convirtió en su líder en abril, no estuvo en el mitin pero animó a los miembros de la formación a asistir.

La mayoría de las encuestas apuntan a que el PP ganaría unas elecciones generales previstas para finales de año, pero que necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Antes, España votará en mayo en elecciones autonómicas y locales.

Al carecer de una mayoría parlamentaria, el gobierno de Sánchez se ha visto obligado desde su formación a negociar con separatistas vascos y catalanes para aprobar proyectos de ley, lo que ha enfurecido a muchos de la derecha.

Los conservadores acusan a Sánchez de haber eliminado el delito de sedición para asegurar la continuidad del apoyo del partido independentista catalán ERC en las ajustadas votaciones parlamentarias.

Pero el gobierno argumenta que la sedición es un delito anticuado que debe ser reemplazado por uno mejor alineado con las normas europeas.